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MERITOCRACIA Y DESIGUALDAD

  • Foto del escritor: Rafael Ortiz Aguilar
    Rafael Ortiz Aguilar
  • 24 sept
  • 11 Min. de lectura

¿El fin de la movilidad social en la juventud mexicana?



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MOVILIDAD SOCIAL, Collage, E. (2025)




Según los últimos estudios sobre movilidad social, 49 de cada 100 jóvenes no logran superar el escalón en el que inician su vida, mientras que 7 de cada 10 que nacen en condiciones de pobreza permanecen en ella a lo largo de su existencia.



La movilidad social de la juventud mexicana en crisis. ¿Responsabilidad de quién?

Comúnmente, la meritocracia en Occidente se ejemplifica como una carrera en la que cada individuo participa y, gracias a su propio esfuerzo, alcanza el lugar que desea. Sin embargo, en una sociedad donde se promueve el pensamiento meritocrático como la vía privilegiada para lograr el éxito o una estabilidad socioeconómica, podría suponerse que la movilidad social aumentaría progresivamente. ¿Pero es éste el caso de México? La respuesta breve es no.


La movilidad social se refiere a los cambios que experimentan las personas en su condición socioeconómica. En México, ésta atraviesa un momento crítico debido a la falta de igualdad de oportunidades, siendo los jóvenes quienes más resienten esta situación. Según los últimos estudios sobre movilidad social, 49 de cada 100 jóvenes no logran superar el escalón en el que inician su vida, mientras que 7 de cada 10 que nacen en condiciones de pobreza permanecen en ella a lo largo de su existencia, sin importar el esfuerzo educativo o laboral que realicen. Su desventaja en términos de salud y educación inicial resulta demasiado determinante. (CEEY, 2019, p. 18).


Existen dos categorías en el ámbito de la movilidad social: la movilidad vertical, que ocurre cuando una persona asciende o desciende en la escala social, y la movilidad horizontal, que se presenta cuando el desplazamiento se da dentro del mismo estrato social (CEEY, 2019, p. 15). A partir de esta distinción, las sociedades pueden clasificarse en móviles o inmóviles.


Las sociedades móviles son aquellas en las que los ciudadanos cuentan con oportunidades y medios para desarrollar su potencial y recibir una retribución acorde con su mérito. Esa retribución les permite superar sus condiciones de origen y, en consecuencia, ascender en la escala socioeconómica. En cambio, en las sociedades inmóviles los individuos carecen de oportunidades reales para competir, por lo que su esfuerzo y talento resultan insuficientes para modificar su posición de origen (Madrid y Bernabé, 2025).


En este sentido, la sociedad mexicana parece ubicarse en la categoría de sociedades inmóviles, ya que el modelo meritocrático opera sin garantizar previamente una igualdad de oportunidades para todos. Ello condiciona la movilidad social a un grupo reducido que nació con mayores ventajas sociales, económicas o naturales.




Las sociedades meritocráticas resultan atractivas para quienes buscan realizar sus sueños, pues se perciben como “buenas”: se centran únicamente en el mérito y en sus recompensas, sin tomar en cuenta las condiciones de origen ni la falta de movilidad social.



Retomando el ejemplo de la carrera, si los participantes parten de posiciones diferentes, la competencia se vuelve injusta para quienes cuentan con menos ventajas. No obstante, en el contexto actual, las sociedades meritocráticas resultan atractivas para quienes buscan realizar sus sueños, pues se perciben como “buenas”: se centran únicamente en el mérito y en sus recompensas, sin tomar en cuenta las condiciones de origen ni la falta de movilidad social. Esta visión genera una sensación de mayor libertad, al transmitir la idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual y que, con suficiente perseverancia, cada persona puede tomar control de su destino (Sandel, 2020, p. 34).


A partir de esta premisa, se vuelve necesario analizar los orígenes de la idea meritocrática y su adopción en las sociedades modernas, las promesas que buscó cumplir y los efectos que realmente produjo. Asimismo, es fundamental considerar la crítica rawlsiana sustentada en el principio de justicia relativo a la igualdad equitativa de oportunidades, el cual sostiene que sólo nivelando las condiciones entre los ciudadanos las competencias laborales pueden ser verdaderamente justas y, de este modo, la meritocracia tendría la capacidad de fomentar la movilidad social.



Los orígenes


Para comprender este fenómeno resulta útil rastrear sus orígenes. Los primeros registros de una sociedad en la que los funcionarios eran elegidos con base en su mérito y educación datan de la Antigua China, durante la dinastía Han (206 a. C.–220 d. C.). No obstante, fue hasta la dinastía Sui (581–618 d. C.) cuando se delimitaron las bases de los exámenes imperiales como mecanismo formalizado de selección de funcionarios por mérito, perfeccionado posteriormente por la dinastía Tang. Este sería el inicio de una burocracia meritocrática, que dejaba de lado los cargos heredados por linaje o privilegio familiar (Folleco, 2023, p. 273).


A finales del siglo XVI e inicios del XVII, los jesuitas fueron los primeros occidentales en estudiar estas ideas políticas y de gobernanza durante sus viajes a China. Posteriormente, las introdujeron en Europa, donde serían bien recibidas y adoptadas, especialmente durante la Revolución Francesa (Folleco, 2023, p. 274). La idea de ser gobernados por individuos altamente capacitados y formados resultaba sumamente convincente: seleccionar a quienes más se esforzaban en su educación para ocupar cargos públicos se presentaba como una solución tanto racional como justa.




La meritocracia es más que un método de selección: se trata de un sistema de ideas cuya fuerza radica en su capacidad de permear todos los ámbitos de la vida social, desde la política y el trabajo hasta la educación, la salud y la familia.



Con el tiempo, este pensamiento se fue difundiendo en los países que buscaban transformar sus formas de gobierno. Uno de los casos más influyentes en la configuración de la nueva administración pública fue el Informe Northcote-Trevelyan en el Reino Unido (BBC, 2018). En México, el primer acercamiento se dio a mediados del siglo XIX, de la mano del nuevo modelo educativo instaurado por Benito Juárez a través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, de la cual derivó la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria.


En su Oración Cívica, Gabino Barreda expuso las ideas del proyecto educativo de corte positivista, en el que se otorgó prioridad a la ciencia sobre la Iglesia, criticando duramente a la forma de gobierno anterior, estrechamente vinculada a esta última (Barreda, 1979, p. 19). Con dicho modelo se buscó dotar al pueblo mexicano de una nueva identidad, considerando la educación como el mejor medio para alcanzarla. El punto clave era preparar a los jóvenes bajo una visión científica y racional del mundo, pues esta perspectiva aseguraba “orden y progreso” en la sociedad. En consecuencia, a mayor nivel educativo de la población, los funcionarios públicos debían mostrar un alto desempeño académico, lo que a su vez redundaría en mayores avances sociales, políticos y tecnológicos, así como en un incremento de la movilidad social.


Con el paso de los años, y tras diversos conflictos internos, este discurso se transformó, aunque mantuvo como principio la centralidad de la educación en la selección de gobernantes. Así quedó establecido en la Constitución de 1917, donde se determinó que “la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 123). En este marco se crearon instituciones destinadas a promover las ideas meritocráticas, como las Escuelas de Administración Pública.





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MERITOCRACIA, Collage, E. (2025)





¿Ideología o mecanismo de selección?


Si bien las discusiones en torno a la meritocracia suelen centrarse en cuestionar el discurso que enaltece el esfuerzo, según el cual únicamente lograremos cumplir nuestras metas si invertimos la cantidad adecuada del mismo, ello no significa que el problema radique en el esfuerzo en sí, sino en la manera en que se concibe y se aplica. Por ejemplo, cuando una persona se esfuerza en su trabajo, lo esperado es que reciba una retribución justa en correspondencia con su desempeño. En este sentido, el trabajador merece esa recompensa bajo un criterio moral.


Sin embargo, en un escenario de competencia por un puesto laboral, aunque el mecanismo de selección indique que el cargo corresponde a quien posea la mejor preparación académica, en la práctica suelen intervenir otros factores. Entre ellos destacan “la manipulación de datos e información, la influencia y las conexiones personales y políticas, y la compra-venta de cargos” (Pagán, 2017, p. 8). Así pues, el esfuerzo individual no garantiza necesariamente el cumplimiento de las metas.*


Ahora bien, la meritocracia es más que un método de selección: se trata de un sistema de ideas cuya fuerza radica en su capacidad de permear todos los ámbitos de la vida social, desde la política y el trabajo hasta la educación, la salud y la familia. Escapar a su influencia es prácticamente imposible. En este sentido, la meritocracia se ha convertido “en un sistema ideológico que justifica las desigualdades y pone el foco en la responsabilidad del individuo” (Gil, 2023).


Cuando alguien no consigue alcanzar sus metas o sueños, se enfrenta a mensajes reiterados en su vida cotidiana y en la propaganda que insisten en que “debió esforzarse más” o que “quizás no se lo merecía lo suficiente”. Estas frases y slogans contribuyen a perpetuar un orden social desigual, especialmente cuando los medios de comunicación difunden masivamente casos excepcionales de éxito como si fueran la norma. Historias como las de empresarios tales como Elon Musk, Bill Gates o Carlos Slim se presentan como ejemplos inspiradores, destacando únicamente su esfuerzo y sin considerar los contextos favorables y las ventajas iniciales con las que contaron.


El componente ideológico de la meritocracia no es menor y requiere ser discutido abiertamente, ya que reproduce las estructuras sociales y perpetúa la desigualdad, transmitiendo sus valores y prácticas desde las instituciones educativas. Quienes se benefician de las recompensas de una sociedad meritocrática defectuosa suelen desconocer todos los factores que influyeron en su posición actual. Por el contrario, tienden a considerar legítimos sus logros únicamente por su esfuerzo individual y recurren a discursos que culpabilizan a quienes no alcanzaron el éxito esperado.



Sobre los dos principios de justicia rawlsianos




El modelo meritocrático perpetúa las desigualdades al no considerar las distintas condiciones iniciales.



De esta forma, la propuesta rawlsiana cuestiona de manera directa los supuestos de la meritocracia. Rawls plantea dos principios de justicia que deben guiar a una sociedad democrática entendida como un sistema de cooperación entre ciudadanos libres e iguales: el principio de las libertades básicas y el principio de la igualdad equitativa de oportunidades (del cual se desprende el principio de diferencia) (Rawls, 2002, p. 69). Ambos principios deben operar en las principales instituciones políticas y sociales.


Estos consideran las desigualdades sociales y económicas derivadas de “la clase social de origen, las dotaciones innatas, sus oportunidades de educación y su buena o mala fortuna a lo largo de toda su vida” (Rawls, 2002, p. 70), y buscan regularlas. Asimismo, contemplan el pluralismo razonable a partir de la noción de posición original, es decir, la aceptación de la diversidad de creencias religiosas, filosóficas y morales. Aun cuando existan desacuerdos sobre las concepciones del bien, ninguna debe imponerse sobre otra, de modo que se evite el predominio de una única moral en el mundo.


El principio de las libertades básicas sostiene que los derechos y libertades, en particular las libertades civiles y políticas fundamentales, deben distribuirse de manera equitativa entre todos los ciudadanos; esto implica que cada uno de ellos debe contar con el mismo grado de influencia en la vida política de la sociedad.


Por su parte, el principio de la igualdad equitativa de oportunidades establece la primera condición que debe cumplirse para que una desigualdad económica sea justa. Por ejemplo, antes de una competencia por un puesto en una agencia deportiva, es necesario garantizar que todos los competidores hayan tenido el mismo acceso, desde la infancia, a la educación, la salud y la vivienda. Sólo así puede sostenerse que el talento determine quién obtenga el puesto.


No obstante, el control de las arbitrariedades sociales no resulta suficiente. Por ello, Rawls introduce el principio de diferencia, es un principio de justicia distributiva que se centra en el ingreso y la riqueza, según el cual una desigualdad económica no puede considerarse justa si únicamente se permite que el talento sea el factor determinante para alcanzar una meta.



Crítica del modelo meritocrático

El modelo meritocrático perpetúa las desigualdades al no considerar las distintas condiciones iniciales. Un gobierno que opera bajo este esquema, sin ofrecer una justa igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos desde el comienzo de sus vidas y sin atender las desigualdades de origen, contribuye a ampliar la brecha entre los menos aventajados y quienes concentran la mayor riqueza. Rawls (2002), en Justicia como equidad: una reformulación, sostiene que “las desigualdades existentes deben contribuir efectivamente al beneficio de los menos aventajados” (p. 98); de no ser así, tales desigualdades no son permisibles. Nadie nace con méritos preestablecidos: los dones naturales, el lugar de nacimiento, la riqueza familiar y el contexto social son producto del azar, no de la elección individual. En este sentido, Rawls advierte que “las sociedades que usan a las instituciones para cerrar espacios y privilegiar a ciertas clases sociales basados sólo en estas contingencias son injustas, como lo fue en el caso de la aristocracia y las castas” (Rawls, 1995, p. 104).




La experiencia demuestra que la meritocracia, en la práctica, rara vez cumple este principio: el éxito de los multimillonarios pocas veces se traduce en un beneficio real para los menos favorecidos.



Esto no implica que las personas carezcan del derecho a disfrutar de los beneficios que sus condiciones familiares, sociales o sus talentos naturales puedan proporcionarles. Por el contrario, tales ventajas son reconocidas dentro del principio de diferencia, siempre y cuando se mantengan en conformidad con las reglas de un sistema de cooperación social (Rawls, 1995, p. 106). Lo que Rawls plantea es que una sociedad justa “debe tener en cuenta la organización social y la eficiencia económica” (Rawls, 2002, p. 169). Es decir, debe garantizar que los ciudadanos sean concebidos como libres e iguales, al mismo tiempo que se regulen las desigualdades de ingresos y de riqueza.


El principio de diferencia resulta preferible a otros porque incorpora una noción de reciprocidad (Rawls, 2002, p. 168): las instituciones de la estructura básica deben incentivar a que quienes tengan la fortuna de haber nacido en condiciones favorables y cuenten con mayores talentos los desarrollen al máximo, poniéndolos al servicio del bien común. De esta forma, sus beneficios alcanzan a toda la sociedad, pero especialmente a los menos favorecidos (Rawls, 2002, p. 170).


Por lo tanto, el éxito económico no está en conflicto con el merecimiento en términos de acreditación (Rawls, 2002, p. 114); lo que debe evitarse es que dicho éxito se construya a costa de los más desaventajados. Es más, debe ser susceptible de ser aceptado incluso por estos últimos. Sin embargo, la experiencia demuestra que la meritocracia, en la práctica, rara vez cumple este principio: el éxito de los multimillonarios pocas veces se traduce en un beneficio real para los menos favorecidos.





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JUSTICIA, Collage, E. (2025)





La importancia de la movilidad social para una sociedad justa


En conclusión, las aportaciones de Rawls permiten cuestionar con solidez la legitimidad de la meritocracia. Su argumentación enfatiza que las desigualdades deben ser reguladas a partir de principios de justicia, principalmente la igualdad equitativa de oportunidades, que reconozcan las arbitrariedades del origen social y las dotaciones naturales. De otro modo, la meritocracia no resulta un modelo viable cuando se busca construir un proyecto de justicia incluyente para toda la sociedad. El mérito, por sí solo, no basta para garantizar que las personas alcancen el éxito que anhelan, como lo es la movilidad social. Por el contrario, en la práctica, tiende a obstaculizarla para la mayoría.


Resulta fundamental atender de manera crítica los distintos ámbitos que se ven profundamente afectados por la lógica meritocrática, como la salud, la educación y el trabajo. Sólo cuando estos espacios comiencen a ser abordados con seriedad se podrá generar un verdadero beneficio para quienes inician su vida en condiciones de desventaja. De esta forma, se favorecerá la movilidad ascendente a la que cada individuo aspira. Lograrla significa, en palabras de Madrid y Bernabé (2025), construir “sociedades más justas y desarrolladas, que aprovechen el talento de las personas, dejando las prácticas de corrupción y de negación de acceso que impiden el progreso colectivo”.




* Estas deficiencias en los mecanismos meritocráticos se han observado incluso en la sociedad china. No obstante, el gobierno ha procurado perfeccionarlos mediante reformas y leyes orientadas a reducir estas prácticas. (Pagan, 2017, p. 11)




BIBLIOGRAFÍA


  • Barreda, G. (1979). Oración Cívica. Latinoamérica. Cuadernos de la cultura latinoamericana. (72) México, UNAM.

  • BBC. (2018). El titánico examen chino que introdujo la meritocracia en Occidente. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-43594669

  • Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). (2019) Informe de Movilidad Social en México en 2019. Hacia la igualdad regional de oportunidades. México. CEEY

  • Folleco, J. M. (2023). Meritocracy. An Instrument of Governance and Governability in Human Resources Management in Ecuador. International Journal of Latest Research in Humanities and Politics. 06 (08). 273-283.

  • Gil, C. (2023). La Meritocracia ¿un principio conservado o progresista? Fundación Espacio Público. Recuperado de https://espacio-publico.com/la-meritocracia-un-principio-conservador-o-progresista

  • Madrid, M. y Bernabé, N. (7 de mayo de 2025). La importancia de la movilidad social. Recuperado de https://www.uaeh.edu.mx/divulgacion-ciencia/movilidad-social/

  • Pagán Sánchez, A. J. (2017). La meritocracia: ¿un factor clave para el ascenso político en la China post-maoísta? Revista Jiexi Zhongguo. Recuperado de https://www.politica-china.org/

  • Rawls, J. (1995). Teoría de la Justicia, trad. María Dolores González. México. FCE

  • Rawls, J. (2002). Justicia como Equidad: una reformulación, trad. Andrés de Francisco, Barcelona, Paidós

  • Sandel, M. (2020). La Tiranía del Mérito. Barcelona. Debate.




Rafael Ortiz Aguilar es egresado de la licenciatura de Filosofía por la UNAM.

Sus áreas de interés son la Ética, Filosofía del Derecho y la Filosofía Política, particularmente los temas de justicia distributiva.

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