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DE CASEROS ABUSIVOS A LA INDIGENCIA
- Cecilia Mendoza Ventura
- 20 abr
- 9 Min. de lectura
Actualizado: 25 abr
El derecho a la vivienda en México
BARRIO, Collage, E. (2024)
Para hablar de la crisis de vivienda en México es fundamental comprender un complejo entramado de políticas de Estado —y sus lagunas—, así como el desarrollo histórico de un urbanismo discriminatorio y los intereses del sector privado.
La crisis de vivienda en México va más allá de la gentrificación. En años recientes, la opinión pública y las redes sociales han popularizado la crítica a los precios exorbitantes de las rentas y, especialmente, han centrado su atención en los llamados nómadas digitales y en el turismo extranjero, un fenómeno reciente e íntimamente vinculado a la subida de precios de la vivienda. Si bien la mayor parte de las críticas se centran en el caso de la Ciudad de México, el problema de la vivienda no es exclusivo de la capital del país, sino que está lejos de tener como causa única el turismo extranjero.
Para hablar de la crisis de vivienda en México es fundamental comprender un complejo entramado de políticas de Estado —y sus lagunas—, así como el desarrollo histórico de un urbanismo discriminatorio y los intereses del sector privado. A su vez, partiendo del entendido de que el derecho a la vivienda no está garantizado en México, se desprende un amplio espectro de problemas políticos y sociales que no ocupan el mismo nivel de preocupación en la crítica pública actualmente, como lo son la vivienda informal, la marginalidad de diferentes zonas urbanas del presupuesto estatal y, en el caso más extremo, el creciente e ignorado problema de la indigencia.
El problema no son los extranjeros: faltan regulaciones
La presencia creciente de nómadas digitales y de turistas europeos y norteamericanos en ciudades como la CDMX, Oaxaca, Cancún y Tulum —por mencionar algunos de los ejemplos más representativos— ha dejado algo en claro: el valor de los dólares/euros y el poder adquisitivo que estos nuevos inquilinos poseen modifican las condiciones de las zonas de México que llegan a habitar. Sumado a esto, el racismo que prevalece en México suele generar que los extranjeros originarios de países del norte global reciban un mejor trato que los locales en todos los sentidos, provocando que su paulatina migración al país se convierta en un problema social que aumenta las desigualdades.
Sin embargo, aunque a simple vista puede parecer que estos migrantes son el problema en sí, lo cierto es que los propietarios de inmuebles particulares y de empresas inmobiliarias y hoteleras aprovechan los vacíos legales o la falta de supervisión estatal para abusar de los precios y para determinar quién sí y quién no tiene derecho a habitar un espacio. El síntoma más obvio es el aumento arbitrario de precios. Aunque esto parezca un movimiento natural de los precios del mercado, se trata de un nicho de oportunidad aprovechado por los caseros para asignar precios arbitrarios a sus propiedades según la demanda. Esto es posible debido a que, aunque las leyes a veces contemplan un límite de precio, el Estado no lleva un control preciso de las propiedades en arrendamiento. En consecuencia, tampoco cobran los impuestos de estos arrendatarios y no hay implicaciones si incurren en abusos como arrendar sin un contrato de por medio (Escoffié, 2022).
La falta de regulación en materia de vivienda es un problema grave: los diferentes códigos civiles de los estados protegen poco a quienes rentan. Esto, además de exponerlos a aumentos de precios volátiles que de un momento a otro podrían dejarlos sin hogar, los expone a una serie de requisitos discriminatorios que cada vez son más comunes de encontrar: prohibición de visitas, prohibición de mascotas, prohibición de niños o prohibición de extranjeros. Dicho de otro modo, el derecho a rentar un espacio, además de ser limitado, no garantiza el derecho a la privacidad, al goce pleno del espacio ni a la seguridad, independientemente de la cantidad de dinero que se esté pagando. Sumado a ello, requisitos habituales como los depósitos previos para prevenir daños no están regulados y en muchos casos son depósitos que no regresan al arrendador ante el mínimo pretexto.
Si bien la presencia de extranjeros y de turismo en el país es un fenómeno vinculado a la crisis de vivienda, la falta de análisis del papel de las empresas y del Estado puede rayar peligrosamente en una postura xenofóbica y sin conciencia de clase.
Otro elemento que vulnera el derecho a la vivienda en México se deriva de la corrupción entre gobernantes y empresas privadas inmobiliarias. En el caso de la Ciudad de México, este hecho se evidenció tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó sin hogar a aproximadamente 3 mil familias. Muchos de los damnificados denunciaron negligencia y corrupción en el seguimiento de las normas de las constructoras, especialmente en la alcaldía Benito Juárez, donde el grupo de gobernantes del Partido Acción Nacional ha recibido el apodo de “Cártel inmobiliario” por la cantidad de escándalos en materia de vivienda que se les adjudican.
Aunque las irregularidades de las construcciones fueron evidentes y el sismo fue un desastre natural que dejó desprotegida a la población, el derecho a la reconstrucción de la vivienda de los damnificados por parte del Estado se cumplió en pocos casos y tras muchos años de protesta y negociación. En contraste, las constructoras y los caseros fueron los más beneficiados por el sismo, pues además de aumentar los precios de las rentas, ninguna constructora fue penalizada por la falta de atención a las normas. Lejos de ello, aprovecharon la tragedia para seguir lucrando con los espacios de los que tanta gente carecía y en los que tantas personas fallecieron.
La implementación de nuevas regulaciones de arrendamiento y el cumplimiento de las normas existentes en materia de vivienda son necesarias para proteger a la población más vulnerable del desplazamiento. Por ejemplo: en los grandes centros turísticos del mundo —como París, Berlín o Barcelona—, en años recientes se impusieron una serie de restricciones a empresas como Airbnb y a propietarios cuyos inmuebles se destinan a las rentas en temporadas turísticas. El argumento principal para imponer tales restricciones fue que, mientras que la mayor parte de locales cada vez debían desplazarse más hacia la periferia de sus propias ciudades, cientos de viviendas de las ciudades eran desaprovechadas en temporada turística baja, generando una paradoja en la que mientras muchas personas no tenían dónde vivir, había docenas de departamentos vacíos e inaccesibles (De la Sancha, 2024).
Si bien la presencia de extranjeros y de turismo en el país es un fenómeno vinculado a la crisis de vivienda, la falta de análisis del papel de las empresas y del Estado puede rayar peligrosamente en una postura xenofóbica y sin conciencia de clase, que no toma en cuenta que México cada vez recibe más migrantes y que no todos están en las mismas condiciones. Como se explicará a continuación, los migrantes pobres originarios del Sur Global, como el grueso de la población mexicana, no tienen más opción que desplazarse a la periferia. En ese sentido, el problema no es la migración ni la presencia de un enemigo externo —el extranjero—, sino la desigualdad y la política urbana del desplazamiento.
Aunque en meses recientes el gobierno de la Ciudad de México ha presentado una serie de propuestas en materia de vivienda, sigue sin quedar claro de qué manera se le dará seguimiento a las leyes propuestas y a las ya existentes. Es decir que, sin un plan concreto de mecanismos de supervisión para aquellos que rentan inmuebles es difícil que las desigualdades que tratan de resarcirse a nivel legal entre caseros e inquilinos tengan un efecto en la realidad.
El urbanismo de la desigualdad
Se calcula que para 2050 nueve de cada diez mexicanos vivirán en favelas, slums o ghettos. En México, la existencia de cinturones urbanos de pobreza como Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl o Tlanepantla responden a una larga historia de migraciones forzadas que fueron desplazando a los trabajadores del campo a las pésimas condiciones de vida de la ciudad. Diversas colonias de la Ciudad y del Estado de México, conocidas en el habla popular como paracaidistas, fueron construidas por trabajadores que, al no tener ningún medio para conseguir una vivienda digna en la ciudad, tuvieron que construirla por sus propios medios (Ruiz Parra, 2022).
Las etiquetas despectivas que reciben los habitantes de las llamadas periferias, como “paracaidistas” o “invasores”, no son gratuitas: al Estado le resulta conveniente criminalizar y marginalizar la organización vecinal de la clase trabajadora para no hacerse responsable de aquellos derechos que no les ha podido garantizar.
En estas colonias, como Golondrinas en Ecatepec o diferentes barrios de Iztapalapa, los recursos básicos como agua, seguridad, alumbrado, transporte público y escuelas, han sido derechos por los que los vecinos han tenido que luchar desde el día de su llegada y desde la fundación de sus colonias y, aún así, muchos de estos derechos siguen sin estar plenamente garantizados.
Otra consecuencia de la creciente existencia de viviendas irregulares es que la gente, ante su desesperación por la falta de espacio, construye sus hogares sobre zonas de alto riesgo. Ese es el caso de zonas como el cerro del Chiquihuite entre los límites de la Gustavo A. Madero y Tlalnepantla, en la que en 2020 los deslaves provocados por las lluvias dejaron muertos y decenas de damnificados (Guzmán Enríquez y Santiago, 2021).
Las etiquetas despectivas que reciben los habitantes de las llamadas periferias, como “paracaidistas” o “invasores”, no son gratuitas: al Estado le resulta conveniente criminalizar y marginalizar la organización vecinal de la clase trabajadora para no hacerse responsable de aquellos derechos que no les ha podido garantizar. La marginalidad es producto de la omisión del Estado y su falta de inversión, seguridad y planificación de políticas urbanas para los “márgenes” de la ciudad se derivan de una lógica discriminatoria y de explotación.
Cabe destacar que este tipo de colonias han sido habitadas cada vez con mayor frecuencia por migrantes pobres, provenientes de regiones como Haití, India, Centroamérica y África. Este hecho prueba que la crisis de vivienda no es un problema de la migración en sí, sino que se trata fundamentalmente de un problema de clase, de desigualdad y de racismo.
La indigencia como consecuencia última
En México se calcula que existen 5778 personas sin vivienda. No obstante la existencia de este registro, instituciones como el INEGI advierten que se trata de datos inexactos por la dificultad de su recopilación (Hernández, 2024). Prueba de esto es la falta de consenso entre instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, que reportan hasta 6754 personas en situación de calle tan sólo en la Ciudad de México. La organización Caracol, dedicada a la atención de gente en situación de calle, reportó que durante 2022 murieron alrededor de 1000 indigentes. La gran mayoría de ellos por muertes prevenibles (Gómez, 2022).
Las causas por las que una persona puede terminar viviendo en la calle son diversas y multifactoriales, pero el abandono de las familias, la negligencia de las instituciones y el empobrecimiento son algunas de las más comunes.
Las personas en situación de calle son un problema invisible: prácticamente no se ha desarrollado ninguna política pública para atenderlas. El hecho de que México tenga cifras tan altas de población callejera es la prueba última del fracaso de la garantía mínima de cualquier derecho humano en el que podamos pensar: el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la salud, a la educación, a la vestimenta, a la alimentación e incluso a la identidad. Como apuntó Luis Enrique Hernández, director de Caracol, para un reportaje de Contralínea:
Lo anterior sucede cuando los cuatro círculos de protección encargados de respetar y garantizar la dignidad e integridad humana –la familia, la comunidad, el Estado y los órganos de derechos humanos– se ven en la incapacidad de salvaguardar los derechos humanos de cada persona. (Gómez, 2022)
Las causas por las que una persona puede terminar viviendo en la calle son diversas y multifactoriales, pero el abandono de las familias, la negligencia de las instituciones y el empobrecimiento son algunas de las más comunes. Lo más aterrador desde la perspectiva del director del Caracol es que cualquiera puede terminar en esta situación: no hay un perfil concreto. Enfermeras, policías, médicos y miles de personas que tuvieron una vida, están expuestas a quedar en la calle y en un estado de total desprotección (Gómez, 2022).
En contraste con las nulas políticas de atención al problema de la población callejera, en diferentes ocasiones y estados de la República se han denunciado actos de limpieza social contra indigentes por parte de los gobiernos locales, como en la Ciudad de México o en Guadalajara, en el marco de los Juegos Panamericanos (Reza, 2011; Flores Gómez, 2021).
De este modo, el problema se repite una y otra vez: indigentes, “paracaidistas” y todo aquel que incomode al Estado, al turismo y a las clases sociales altas con su pobreza, será borrado del mapa urbano.
BIBLIOGRAFÍA
Escoffié, C. (2022). Don Ramón según Morelos y Pavón: las desigualdades en los arrendamientos como obstáculo al derecho a la vivienda en Ricardo Latapie Aldana (Coord), Discriminación, problemas contemporáneos, Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/editorial/discriminacion-problemas-contemporaneos
De la Sancha, A. (2024). Casas Inhabitables: Más de 3 Mil Familias de CDMX Están Sin Hogar a 7 Años del Sismo del 19S, Nmas. https://www.nmas.com.mx/foro/ciudad/mas-de-3-mil-familias-damnificadas-por-el-19s-sin-regresar-a-hogares/
Ruiz Parra, E. (2022). Golondrinas. Un barrio marginal del tamaño del mundo, Ciudad de México: Debate.
Guzmán Enríquez, O. y Santiago, V. (2021). Tragedia en el Cerro del Chiquihuite: la zona del derrumbe estaba catalogada como de “muy alto riesgo”, Corriente Alterna. https://corrientealterna.unam.mx/nota/cerro-del-chiquihuite-tlalnepantla-derrumbe-falla-geologica-expansion/
Hernández, E. (2024). Cómo entender (y atender) la problemática del derecho a la vivienda en México, El País. https://elpais.com/mexico/branded/vivienda-y-prosperidad/2024-07-04/como-entender-y-atender-la-problematica-del-derecho-a-la-vivienda-en-mexico.html
Gómez, A. (2022). “La calle no hace caricias”: en 2022, 1 mil indigentes muertos, Contralínea.
Reza, G. (2011). Impugnan programa de limpieza social en Guadalajara, Proceso.
Gómez Flores, L. (2021). Salen a la luz en CDMX actos de “limpieza social” contra indigentes, La Jornada.
Cecilia Mendoza Ventura, historiadora por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y diplomada en Estudios sobre África por parte del Programa Universitario de Estudios de Asia y África (PUEAA) de la UNAM. Actualmente es maestrante en el Centro de Estudios de Asia y África (especialidad África) del Colegio de México. Entre sus intereses y líneas de investigación principales se encuentran la historia política, la historia del continente africano y los fenómenos políticos relacionados con violencia, etnicidad, nacionalismo e identidad.
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