22 DE FEBRERO: EL PODER DEL ESTADO Y LAS FICHAS DE CLAUDIA SHEINBAUM

EL PODER DEL ESTADO, Collage, E. (2026)

A inicios de 2025, el hallazgo de una fosa clandestina en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se convirtió en noticia internacional. Ante las acusaciones de que se trataba de un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzó a circular en redes sociales un video atribuido a esta organización, en el que se reconocía el uso de la violencia, pero se negaba la autoría de los hechos denunciados. Este tipo de deslinde no es nuevo (Grupo Reforma, 2025). Desde la época de Los Zetas, estos grupos han asumido el ejercicio de la violencia como parte de su identidad organizativa, incluso como una suerte de mística guerrera heredada de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, al tiempo que han rechazado que dicha violencia constituya una guerra contra el Estado o la población civil (Osorno, 2017).

Este deslinde respecto de la direccionalidad de la violencia responde a la certeza de que la presencia de fuerzas estatales en territorios donde operan estructuras del crimen organizado no sólo paraliza los mercados ilícitos, sino que también implica el riesgo de un despliegue masivo orientado a provocar fisuras internas en la organización criminal (Martínez, 2024). Recordar este comportamiento es importante.

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo un operativo de alto impacto sin precedentes en el que fue capturado Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, aunque posteriormente se informó que murió desangrado. Esta organización surgió en la década de 2000 en el contexto del enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, cuando, frente a una estructura que ya operaba con lógica militar, se volvió necesario articular un brazo armado capaz de responder en los mismos términos; así emergieron los llamados “mata zetas”, que con el tiempo dejaron de ser sólo una fuerza de choque y se consolidaron como una organización con identidad propia bajo el liderazgo de “El Mencho”.

Como es sabido, cada vez que una organización criminal sufre un golpe, no sólo se desatan disputas internas para reorganizar sus mercados, sino que éstos también son disputados por grupos rivales. Así ocurrió durante la década de 2010, cuando la caída de La Familia Michoacana y de Los Zetas, que mantenían una fuerte presencia en buena parte del occidente del territorio mexicano, abrió un proceso de reacomodo que fue aprovechado por el ya reconocible cártel de las cuatro letras.

Pero ¿cómo logró posicionarse con tanta rapidez en los mercados criminales? En primer lugar, el Estado desempeñó un papel clave en el debilitamiento y desmantelamiento de sus competidores. En segundo lugar, la irrupción de Los Zetas transformó de manera duradera el escenario criminal al militarizar las formas de sociabilidad que lo estructuraban. En tercer lugar, las disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa, que ya había experimentado una ruptura durante su confrontación con la facción de los Beltrán Leyva, facilitaron la expansión del CJNG. En cuarto lugar, la diversificación de actividades, tanto legales como ilegales, aprendida en buena medida del modelo de Los Zetas, permitió ampliar las fuentes de financiamiento. En quinto lugar, la fragmentación de las instituciones criminales suele provocar la migración de sus integrantes hacia otras organizaciones (Correa-Cabrera, 2018; Martínez, 2024), como lo ejemplifica el caso de Los Zetas Vieja Escuela. Finalmente, aunque no es posible identificar con precisión a todos los involucrados, es razonable suponer que ciertos actores estatales contribuyeron, directa o indirectamente, a facilitar la expansión del CJNG.

La militarización del cártel de las cuatro letras se ha hecho evidente durante la última década. En 2015 derribaron un helicóptero militar y, en 2020, perpetraron un atentado contra el entonces secretario de Seguridad de la capital del país, Omar García Harfuch, quien hoy, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha encabezado parte de las ofensivas dirigidas primero contra el Cártel de Sinaloa, contribuyendo a su fragmentación, y ahora contra el CJNG, al golpear su dirigencia.

A partir de este punto, resulta necesario entrar en el debate de fondo. Desde mi perspectiva, conviene cuestionar la idea de que México constituye un narco Estado. Si se entiende al Estado como una relación social en la que distintos grupos de interés disputan el poder (Jessop, 2017), dicha noción puede adquirir cierto sentido analítico. No obstante, también es importante reconocer que esta interpretación ha sido promovida desde la visión norteamericana, y retomada por sectores de la derecha mexicana, para justificar la necesidad de una eventual intervención militar del vecino del norte como vía para alcanzar la paz y, supuestamente, profundizar la democracia.

Remito a esta idea por lo siguiente. En los últimos meses, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha desplazado, o éstos se han replegado por cuenta propia, a distintos rezagos del obradorismo. ¿Por qué resulta relevante? Aún faltan acontecimientos por desarrollarse y quizá el paralelismo pueda parecer exagerado, pero desde Lázaro Cárdenas ha sido habitual el distanciamiento respecto del antecesor cuando éste se vuelve incómodo o estorboso.

MARCAS DE VIOLENCIA, Collage, E. (2026)

En este panorama, parecería que ciertas dificultades han sido colocadas deliberadamente. Un ejemplo es Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República designado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya gestión ha estado marcada por decisiones controvertidas: desde su ineficacia en la conducción de investigaciones contra altos funcionarios como Emilio Lozoya Austin, hasta su intento por eliminar la tipificación del feminicidio como delito, pasando por su defensa de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien fue acusado de vínculos con el crimen organizado (Sosa, 2025). No deja de ser significativo que Gertz haya participado en los años setenta en la Operación Cóndor (Castillo, 2021), la primera acción coordinada del Estado contra el crimen organizado, aunque también dirigida, de fondo, contra la Liga Comunista 23 de Septiembre. El perfil resulta claro: un operador estatal cuya lealtad parece estar orientada más hacia las instituciones, e incluso hacia sí mismo, que hacia un proyecto político específico. En ese sentido, cabe preguntarse cuánto se aproxima a la figura de Genaro García Luna como antiguo “zar antidrogas”.

De hecho, en el ámbito de la fiscalía, el 17 de febrero del año en curso la institución, ahora dirigida por Ernestina Godoy y cercana al equipo de Claudia Sheinbaum, señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe aclarar 65 millones de pesos de gasto público correspondientes al último año de su sexenio (San José y Raziel, 2025). Aunque no se prevé que esto derive en procesos judiciales, como sugirió la propia presidenta al referirse a señalamientos contra Adán Augusto López Hernández, el mensaje parece claro: marcar distancia respecto de la herencia obradorista.

Aunque se trata de un actor menor en el escenario político federal, el despido, plenamente justificado, de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) constituye otro gesto de distanciamiento respecto de la administración anterior, más aún si se considera que era ampliamente conocido como cercano a Beatriz Gutiérrez Müller.

¿Quién recuerda la marcha de la llamada “generación Z” de 50 para arriba que tuvo lugar en diciembre de 2025? Más allá de aprovechar la coyuntura abierta por la disputa entre Ricardo Salinas Pliego y el Estado mexicano, así como el asesinato de Carlos Manzo, la movilización dejó ver con claridad posturas misóginas frente a un gobierno encabezado por una mujer. Consignas como “no era machista hasta que Claudia llegó a gobernar”, e incluso otras acompañadas de simbología nazi, circularon abiertamente, cuestionando el liderazgo de la primera presidenta del país. Ése era, en términos generales, el clima político nacional en el que se desarrolló el operativo de Tapalpa.

Por ello, no es descabellado pensar que el operativo también buscó mostrar la fortaleza del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hace un par de años entrevisté a integrantes de Fuerzas Especiales (Martínez, 2024), quienes coincidían en algo: el Estado tiene la capacidad para enfrentar y desarticular a las organizaciones criminales, pero su actuación suele verse limitada por acuerdos políticos y por restricciones legales en el uso de cierto armamento. El operativo del 22 de febrero de 2026, como señaló al día siguiente el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, buscó precisamente enviar el mensaje de que el Estado mexicano mantiene esa capacidad de acción.

Es por eso insisto en cuestionar la idea del narco Estado, ya que ésta suele asociarse con la noción de un Estado débil. Sin embargo, incluso los Estados considerados débiles, o debilitados bajo ciertos paradigmas occidentales, conservan la capacidad de ejercer violencia a gran escala, como lo demuestra lo ocurrido recientemente (Migdal, 2011). Además, el aparato de seguridad nacional responde hoy de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum. No sólo Omar García Harfuch, quien ha sido su principal operador en materia de seguridad desde su etapa al frente del gobierno de la Ciudad de México, sino también los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina han expresado, al menos formalmente, su respaldo a la actual política de seguridad. En ese sentido, Harfuch no parece proyectarse como un actor con ambiciones propias de liderazgo político, sino más bien como un funcionario alineado con la estructura del Estado.

Aquellos entrevistados también expresaron su descontento ante la falta de reconocimiento por su labor en la lucha contra el crimen organizado. Un ejercicio de etnografía digital sobre páginas, grupos y cuentas vinculadas a las fuerzas armadas en redes sociales deja ver un rasgo constante: entre muchos de sus integrantes predomina la convicción de que la violencia constituye la vía de solución. En ese marco, la percepción interna es que han sido ellos quienes ponen el cuerpo frente a esa violencia. Por ello, el gesto del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional al quebrarse públicamente puede leerse menos como un acto performativo y más como la expresión de un liderazgo que envía un mensaje hacia el interior de su institución: su sentir es también el del Estado. El ejército, en tanto institución, no se concibe a sí mismo como un actor que deba rendir cuentas directamente a la ciudadanía.

En este sentido, en los últimos días se han multiplicado los homenajes a las tropas caídas, desde actos en partidos de fútbol hasta una ceremonia realizada, de manera significativa, en Jalisco. Si bien actualmente hay más de 10,000 militares desplegados en esa entidad, el gesto también funciona como un mensaje que emana de una institución ampliamente legitimada en el imaginario nacional, aunque de la que sólo conocemos una parte de su funcionamiento interno. Mientras se escribe esto, continúan operativos en Tamaulipas dirigidos a desarticular a lo que queda del Cártel del Golfo. En este contexto, más que una reacción improvisada, parece que la coyuntura ha sido estructurada desde el propio Estado y está siendo estratégicamente aprovechada.

Ahora bien, sobre el operativo y las horas posteriores hay varios elementos que conviene señalar. En tiempos recientes ha generado polémica cada vez que el Congreso autoriza el ingreso de fuerzas armadas estadounidenses al país. Sin embargo, esta práctica no es nueva y se remonta a los años en que el Estado mexicano desarrolló su propia política contrainsurgente. La participación de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y pública ha sido una constante histórica, que puede rastrearse desde la Operación Cóndor hasta la Iniciativa Mérida (Flores, 2024).

Aún está por verse si el respaldo estadounidense en este operativo respondió a una decisión gestada de uno u otro lado de la frontera. La presión ejercida por Donald Trump es innegable, aunque conviene evitar la lectura simplista que reduce todo a una instrucción proveniente de Washington.

En paralelo, el YouTuber GAFE423 ha adquirido gran visibilidad en los últimos dos años. Si bien uno de mis entrevistados apuntó que, por su forma de narrar y las dificultades propias del trauma al reconstruir ciertos episodios, su pertenencia al GAFE resulta dudosa, otros creadores enfocados en el análisis de seguridad lo tratan como una fuente confiable.

Desde una mirada situada en las tropas, GAFE423 formula varias críticas al operativo: ¿por qué no se comunicó previamente su alcance para permitir una mejor preparación? ¿Por qué no se desplegó un cerco militar que anticipara los bloqueos carreteros posteriores? Su explicación es directa: la entrega de “El Mencho” habría estado pactada (GAFE423 y Tras las Líneas, 2026).

NARCOS, Collage, E. (2026)

Una lectura más distante de la larga secuencia de operativos de alto impacto que han fracasado permite advertir dos patrones recurrentes: la visibilidad de las fuerzas armadas suele empujar a los capos a esconderse y, simultáneamente, eleva la probabilidad de filtraciones hacia terceros.

Más allá de que el operativo haya sido sorpresivo, preciso y, hasta ahora, aparentemente exitoso, surge una pregunta clave: ¿por qué la reacción del CJNG no fue la esperada?

Es cierto que se coordinaron bloqueos carreteros en distintas partes del país —aunque todavía falta distinguir cuáles estuvieron directamente vinculados al operativo y cuáles responden a una dinámica donde este tipo de acciones son frecuentes—. Sin embargo, salvo en Michoacán, estos bloqueos no vinieron acompañados de una ofensiva de violencia proporcional al nivel de respuesta que el cártel ha demostrado tener capacidad de desplegar.

De momento, no sabemos cómo se reorganizará el grupo. Si surgen disputas internas por el control, es previsible un aumento de la violencia. En cambio, si ocurre una fragmentación similar a la de Los Zetas, el Estado probablemente seguirá una estrategia ya conocida: permitir el desgaste interno mientras debilita gradualmente sus estructuras, como ha hecho con el Cártel de Sinaloa.

¿Hubo un acuerdo? Es difícil saberlo. Se dice que “El Mencho” estaba gravemente enfermo, lo que podría haber reducido el incentivo para movilizar grandes recursos en su defensa. Sin embargo, esta hipótesis no encaja del todo con la lógica militarizada que ha caracterizado a la organización.

Por consiguiente, el operativo representó un golpe político en múltiples frentes. Claudia reafirma su papel como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Harfuch fortalece la narrativa de que la estrategia de seguridad del gobierno está dando resultados, aunque se midan con los mismos indicadores de siempre. Desde la derecha, resurgen las exigencias de retomar una lógica similar a la guerra de Felipe Calderón, como lo evidencian las declaraciones de Lilly Téllez en el Congreso. Al mismo tiempo, el Ejército proyecta una demostración de fuerza con efectos también propagandísticos.

Queda por observar cómo evolucionará la violencia. ¿Hacia dónde se inclinará el equilibrio? Por ahora, todo apunta a que el control se concentra en la presidenta y su equipo de seguridad, que buscan reafirmar el —siempre discutido— monopolio estatal de la fuerza.

BIBLIOGRAFÍA

• Castillo, Ó. (2021, 12 de octubre). Perfiles. Alejandro Gertz Manero, coordinador de la guerra sucia, millonario evasor de impuestos. La izquierda diario. https://www.laizquierdadiario.mx/Alejandro-Gertz-Manero-coordino-la-guerra-sucia-millonario-evasor-de-impuestos

• Correa-Cabrera, G. (2018). Los Zetas-INC. Temas de hoy.

• GAFE423 y TRAS LAS LÍNEAS. (2026, 24 de febrero). ‼️El MENCHO HA MUERTO‼️| 🔴El OPERATIVO MILITAR que NO tiene sentido. https://www.youtube.com/watch?v=BWxtEAg5Osg

• Grupo Reforma, (2025, 17 de marzo). Culpan a buscadoras de 'terror' por Rancho Izaguirre. https://www.youtube.com/watch?v=L1bcptnxieU

• Flores, P. C. A. (2024). El laberinto de los espejos. Estados Unidos: de la construcción de la Doctrina de Seguridad Nacional a la guerra irregular y la militarización de la lucha contra las drogas. México, Publicaciones de la Casa Chata.

• Jessop, B. (2017). El Estado. Pasado, presente y futuro. España. Catarata.

• Martínez J. X. A. (2024). La dinámica entre el Estado Mexicano y los Zetas (1996-2015) en el proceso de acumulación social de la violencia en México. Tesis de Maestría. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

• Migdal, J. S. (2011). Estados débiles, Estados fuertes. México: FCE.

• Osorno, D. E. (2017). La guerra de los Zetas. Viaje por la frontera de la necropolítica. México. Debolsillo.

• San José, E. y Raziel, Z. (2025). La Auditoría Superior detecta irregularidades por 5.161 millones de pesos en las finanzas públicas en el último año de López Obrador. El País. https://elpais.com/mexico/2025-10-24/la-auditoria-superior-detecta-irregularidades-por-5161-millones-de-pesos-en-las-finanzas-publicas-en-el-ultimo-ano-de-lopez-obrador.html

• Sosa S., M. F. (2025, 1 de diciembre). Polémicas, filtraciones y casos sin resolver: El legado de Gertz Manero en la FGR. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/polemicas-filtraciones-casos-resolver-legado-gertz-manero-fgr-20251201-789048.html

Alexander Martínez es historiador por la UNAM y maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo en la Escuela Nacional Preparatoria. Sus intereses están en la enseñanza de la historia, la historia de la educación y los estudios sobre las violencias.